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La querella en los casos Hotesur-Los Sauces, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), se opone a la división de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. Además del fiscal del caso, Diego Velasco, una de las defensas también rechazó la realización de dos debates separados, reclamando un juicio unificado.
Al igual que el Ministerio Público Fiscal, la UIF —representada por el abogado Mariano Galpern— apelará la decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que ordenó juzgar por separado las causas que investigan maniobras de lavado realizadas a través de las empresas familiares Kirchner.
El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, programó el inicio del juicio por los presuntos hechos vinculados a la inmobiliaria Los Sauces SA para el 23 de octubre a las 10 de la mañana. En tanto, la causa sobre Hotesur SA, la firma hotelera, comenzará a juzgarse el 19 de marzo de 2027.
El primer recurso de casación contra esta separación fue presentado por el fiscal Velasco, quien solicita que se respete la unificación establecida en 2018 y que ambos procesos se traten en un único juicio oral a partir del 23 de octubre.
En su presentación, el fiscal advirtió que la fragmentación decidida por el tribunal “altera la estrategia acusatoria, afecta la valoración integral de la prueba y genera mayores demoras en lugar de la celeridad prometida”. Además, señaló que los jueces tomaron esta decisión “sin haber escuchado previamente a las partes ni respetando un antecedente de Casación de 2019, que ya había declarado la conexidad objetiva y subjetiva entre ambos expedientes para garantizar una correcta administración de justicia”.
Para refutar la postura del TOF 5, Velasco calificó como “falsa la premisa” de que ambas firmas poseen objetos procesales autónomos, argumentando que en realidad se investiga una misma matriz de blanqueo destinada a incorporar fondos provenientes de la obra pública al patrimonio familiar.
Entre los argumentos centrales, el fiscal subrayó que 12 de los 19 imputados —encabezados por Cristina y Máximo Kirchner— están presentes en ambos procesos y que los circuitos financieros utilizados estuvieron plenamente interrelacionados. Destacó que empresas del Grupo Báez como Valle Mitre, eje central de la acusación en Hotesur, actuaron simultáneamente como locatarias y aportantes de fondos hacia Los Sauces, concluyendo que al tratarse del mismo esquema, con los mismos vehículos societarios y flujos de dinero, resulta jurídicamente inviable fragmentar la prueba y juzgar los casos por separado.
Siguiendo una línea argumental similar, la UIF, única querella que se mantiene en ambos casos, solicitará a la Cámara Federal de Casación Penal que impida la división de los expedientes y se realice un solo juicio oral y público.
El plazo para la presentación de recursos de apelación contra la resolución del TOF 5 vence el 1° de octubre. Fuentes judiciales informaron a Clarín que la UIF buscará que el juicio unificado se lleve a cabo el 23 de octubre, incluyendo ambos expedientes y los cerca de 200 testigos aceptados por el tribunal.
Otra oposición a dividir los casos
El defensor público coadyuvante Gerardo Ezequiel Miño, representante de Martín Jacobs, Emilio Martín y el escribano Ricardo Albornoz, también solicitó revocar la división y realizar un único juicio oral. Argumentó que la independencia de los extremos probatorios “no hace divisible el delito investigado, sino que son dos formas diferentes de intentar demostrar lo mismo: que el conjunto de acusados integraba una asociación destinada al reciclaje de fondos con origen en un mismo delito precedente”.
La defensa sostiene que la acumulación inicial de los expedientes no obedeció a razones prácticas ni organizativas, sino a la indivisibilidad de los hechos. Aseguran que separar los juzgamientos “provocaría que los imputados sean juzgados dos veces por la misma conducta, lo que anula la garantía constitucional del juzgamiento en un plazo razonable invocada por el TOF”.
Asimismo, señalan que la persona y su “capacidad de reproche son indivisibles”. En el caso particular de Jacobs y Martín (empleados de Austral Construcciones) y Albornoz (escribano), se les atribuye “exactamente el mismo rol funcional y la misma conducta básica en ambos expedientes”. Por ello, juzgar su desempeño en un juicio implica hacerlo en el otro.
En consonancia con el fiscal Velasco, en el escrito se plantea un “único plan delictivo y delito continuado”. Se argumenta que el lavado de activos persigue un fin único: el reciclaje de fondos derivados de la obra pública. “La figura penal no admite concurso real, sino que se trata de un delito continuado o de un mismo plan delictivo unificado”, señalaron.
Por tanto, la existencia de distintas maniobras o vehículos societarios es solo una metodología para describir el caso y no altera la unidad del hecho.
La defensa resaltó que en el requerimiento de elevación a juicio de Hotesur “no se formula una acusación autónoma por asociación ilícita, sino que se remite expresamente a la acusación formulada en Los Sauces”. Esto demuestra que “no poseen objetos procesales independientes, funcionando como causas espejo, donde el reproche en una impacta directamente en la otra”.
Los abogados defensores proponen que los aspectos prácticos se res
